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En la plenaria del martes pasado, los ministros de la Corte ordenaron que la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional analice si el fallo de la cámara se ajusta o no a derecho.
Una leída de los argumentos esgrimidos por los camaristas Isidro González, Miguel López Cabral y Miryam Meza, hace presumir que el fallo es más bien parecido a un escrito de los defensores de Caríssimo, que una resolución judicial.
La preopinante fue Meza, quien se dedicó a resaltar supuestas violaciones a derechos procesales de la imputada por lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
“El deber de todo magistrado es evitar que se cometan arbitrariedades y que se utilicen las medidas cautelares como una pena anticipada. La medida cautelar de prisión preventiva tiene como fin principal asegurar la presencia del imputado dentro del proceso. Según esta perspectiva, lo que interesa al Estado es la sujeción del individuo a las resultas del proceso penal; empero no existiendo sentencia esta persona humana se encuentra investida de lo que se llama el principio de inocencia. Si bien la propia Constitución permite el encierro preventivo, este no debe ir más allá del fin último, que es garantizar el proceso sin abusos. Así existen garantías y principios constitucionales y procesales que sirven para evitarlos”, señaló Meza. A su postura se adhirieron sus colegas González y López Cabral. Este último amplió su voto.
Los tres camaristas revocaron una resolución de primera instancia por la cual se confirmó la prisión de Caríssimo, recluida desde enero pasado.
También está en la mira el juez Nelio Prieto, quien estableció una fianza de solo G. 100 millones cada uno de los dos abogados de Sady, para hacer efectiva la disposición de la cámara.
La imputada es presidenta de la firma ficticia Strong, que fue la que más dinero sucio lavó, según la imputación de la Fiscalía.
Los antecedentes revelan que empresas ficticias de Ciudad del Este, creadas según la imputación por Felipe Ramón Duarte (prófugo), enviaron en 2011, 370 millones de dólares al exterior a través de los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental, que fueron sancionados por el Banco Central, al quedar comprobado que incumplieron las normas antilavado y no reportar las operaciones sospechosas.