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A raíz de ello, se inició el proceso de constitución del expediente para que tanto la Sala Constitucional como el Jurado de Enjuiciamiento puedan expedirse sobre la decisión de prescripción de la causa. En mayo de 2009, un Tribunal de Sentencia condenó a Escobar Cattebeke a 2 años y 6 meses de prisión por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, al declararlo culpable del desvío de 1.300 millones, recursos que debieron ser destinados al programa vaso de leche, obras viales y asistencia a comunidades indígenas. Esta sentencia fue ratificada por la Corte en diciembre del mismo año.
En el fallo, la Sala Penal afirmó que la condena estaba firme y ya no puede ser objeto de ningún recurso. Pese a ello, el 13 de mayo del 2013 la jueza Leticia Frachi declaró la prescripción de la causa, fallo ratificado por los camaristas Darío Estigarribia y Mirta González. La Fiscalía promovió una acción de inconstitucionalidad contra este fallo, y jamás resuelto.