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La política fue beneficiada con la suspensión condicional del procedimiento hace poco más de un año por el juez penal de garantías Hugo Sosa Pasmor, quien le impuso una serie de reglas de conducta que ella cumplió, y por eso se solicitó la extinción del proceso.
Karina Rodríguez fue imputada en enero del año pasado por el fiscal Martín Cabrera por el caso del asesor español Lino Valencia, cuya asistencia fue avalada en la Cámara de Diputados pese a que no se encontraba en el país.
La imputación fue por hecho punible de cobro indebido de honorarios en calidad de cómplice y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, mientras que Valencia, por cobro indebido de honorarios.
Aparte de la exdiputada también fueron imputadas otras diez personas, que eran funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y tuvieron directa participación en los hechos investigados.
El 20 de diciembre de 2016, el juez Hugo Sosa Pasmor aceptó el pedido de la defensa de Rodríguez de devolver G. 26.601.044 y, de esa manera, poder tener una salida procesal, con el objeto de no llegar a un juicio oral.