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Riart fue ministro durante parte de la presidencia de Fernando Lugo.
La referida compra se realizó a finales del año 2009.
La imputación presentada por el fiscal José dos Santos incluye además a José Albino López Pistilli, exdirector de Administración y Finanzas; y Luis Fretes Prieto, excoordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Educación y Cultura.
Riart y López Pistilli fueron imputados como coautores por lesión de confianza.
Mientras que Fretes ha sido imputado como cómplice.
El caso en cuestión guarda relación con la compra del edificio Excelsior, ubicado en 15 de Agosto entre Benjamín Constant y Presidente Franco, que fue adquirido de María Josefina Scavone por un valor de US$ 3.100.000 (unos 14.000 millones de guaraníes).
“La compra se hizo vía excepción, alegando que hubo urgencia impostergable y hacinamiento de funcionarios”, resalta la imputación.
Es ese punto, lo que más cuestiona el fiscal Dos Santos es que no había urgencia alguna para la compra del inmueble.
Durante una reunión de prensa realizada ayer al mediodía en la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Dos Santos hizo notar contradicciones en el proceso de compra.
En ese sentido, explicó que la compra se realizó vía excepción, debido a que se alegó un supuesta urgencia.
Sin embargo, luego se llamó a licitación para la remodelación del edificio, con lo que tal urgencia queda en la absoluta duda.
“Además, en el contrato privado se estipulaba que el edificio debía ser ocupado en 60 días hábiles. Sin embargo, el inmueble, propiedad de María Josefina Scavone, aún no fue transferido al MEC”, señaló Dos Santos, quien estuvo acompañado en la reunión de prensa del fiscal adjunto Federico Espinoza.
Recién el año pasado, durante la administración de Horacio Galeano Perrone (el 6 de mayo), el MEC presentó una demanda ante el juzgado en lo civil por obligación de hacer escritura pública con el objeto de que se efectivice la transferencia.
El MEC ya pagó en su totalidad por el edificio, que tiene como característica de que solo dos pisos estarían habilitados para oficinas y otros diez en carácter de vivienda.
Este inmueble se encuentra desocupado y en notorio estado de abandono.
El fiscal Dos Santos solicitó al juzgado interviniente medidas alternativas a la prisión para los tres imputados por el hecho punible de lesión de confianza.