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La magistrada adoptó idéntica decisión con relación a Luis Fretes, José López Pistilli y Marco Ferreira Basualdo, excoordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones, exdirector de Administración y Finanzas y exasesor jurídico del ente, respectivamente.
En su acusación, el fiscal José Dos Santos afirma que no se daban las condiciones para realizar la compra por la vía de la excepción.
“Además, lo grave es que se pagó todo el monto, más de G. 14.000 millones sin que se transfiera el inmueble y hoy en día el MEC ha demandado por obligación de hacer escritura pública a los vendedores, puesto que luego de cinco años todavía no ha ingresado al patrimonio del Estado”, indicó el fiscal.
Dos Santos también considera que los funcionarios del MEC a través de maniobras quisieron elevar el monto pagado de más de 12.000 millones, según la evaluación, a 14.000 millones.
“Consideramos que no existe perjuicio patrimonial, nuestros defendidos son los señores Riart y Fretes, cumplieron todas las normas administrativas para la compra de esta propiedad, existieron los dictámenes de asesoría jurídica, existieron dos tasaciones de dos peritos, además el dictamen de asesoría jurídica de la Dirección de Administración y Finanzas y de la UOC”, indicó el abogado José Domingo Almada, defensor del exministro.
“Hay que comprender que el ministro no da una orden y dice vayan y compren ese edificio, sino que existe todo un procedimiento y eso es lo estamos demostrando y explicando que el procedimiento donde se ve la Contraloría, el Ministerio de Hacienda, diferentes instancias del gobierno intervienen en el proceso y eso aconteció en este caso”, dijo el exministro Riart.