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El incidente fue presentado por los abogados Álvaro Arias y José Enrique García, en representación de la exministra y los también funcionarios Blanca López Troche, Aldo Vera Arnold y Aníbal María Benítez.
La imputación presentada por el fiscal Aldo Cantero sostiene que estas personas ocasionaron al Estado un perjuicio de más de G. 300 millones, mediante la adquisición de productos con valor muy superior al del mercado. Fue en el 2012, durante la emergencia por sequía.
La defensa alega que la imputación no describe la conducta desarrollada para la perpetración del ilícito.