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La mujer, de modesta condición, actualmente propietaria de una peluquería en el Km 8 Acaray, había recibido millonarias sumas en dólares por la transacción, aunque se sospecha que solamente fue una prestanombre para un gran negociado.
La causa contra Justa Esteria actualmente se encuentra en el área de Coordinación de Juicios Orales del Tribunal Penal, ubicado en el barrio Boquerón de Ciudad del Este. Allí debe conformarse el Tribunal Colegiado que juzgará a la exlimpiadora de la Municipalidad de Ciudad del Este por estafa y lesión de confianza.
En el año 2000 la exempleada había vendido la finca de más de 1 hectárea ubicada en las inmediaciones de la Aduana a Francisco Velázquez Rodríguez. Este último pagó 1.800.000 dólares a la mujer por las tierras.
La transacción se llevó a cabo en la escribanía de Cinthya Goiburú de Trinidad, quien sospechosamente no inscribió la venta en el Registro General de las Propiedades. El comprador nunca tuvo la posesión del inmueble.
Tal es así que en el año 2006, Justa Esteria Salinas volvió a vender la misma finca a la firma Initial SA, perteneciente al libanés Ghassan Nazar, encargada de la construcción del Shopping del Este.
El extranjero pagó 5.000 millones de guaraníes por el inmueble, según consta en escrituras públicas, aunque la venta habría sido por suma superior, según los antecedentes. La investigación del hecho se inició en el 2009, cuando la víctima de la estafa radicó la acción ante el Ministerio Público.
En mayo de 2010, la exfuncionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este fue imputada por la fiscalía.
El año pasado, el juez Raúl Insaurralde había elevado la causa a juicio oral y público. El abogado de la encausada recurrió a varias chicanas para evitar que el hecho sea juzgado en audiencia pública.
La defensa había presentado una apelación contra el auto interlocutorio (A.I.) por el cual se elevó la causa a juicio, a pesar de que el Código Procesal Penal prohíbe recurrir dicha resolución.
El abogado había alegado que en la audiencia preliminar presentó un incidente de prejudicialidad y del que no se expidió el juez penal. Argumentó que primero debía concluir un juicio civil de nulidad de acto jurídico promovido por el mismo denunciante.
La Cámara de Apelaciones dio lugar al incidente, pero el entonces fiscal de Ciudad del Este, Diego Silverbag, presentó un recurso extraordinario de casación en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Los ministros de la citada sala habían confirmado la resolución del juez de garantías, es decir, la elevación de la causa al contradictorio público, pero la defensa de Salinas volvió a presentar revisión de la resolución. Recién el pasado 8 de noviembre, la Corte Suprema rechazó el pedido. Actualmente se debe conformar el Tribunal de Sentencia que debe juzgar los hechos.