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En una audiencia realizada ayer, los procesados solicitaron la revisión de la prisión preventiva decretada el 11 de agosto pasado, por el entonces juez de turno Gustavo Amarilla. Para otorgar el arresto domiciliario, la magistrada estableció una fianza real de G. 100 millones y una fianza personal por el mismo monto, para cada uno de los procesados.
Este proceso se inició a partir de una denuncia realizada por la embajada de los Estados Unidos, sobre la utilización de documentos falsos para la obtención de visas.
La investigación da cuenta de que los ahora procesados falsificaban documentos para beneficiar a personas que querían viajar a ese país del norte y se cobraba unos US$ 4.000 por la gestión. Entre los documentos confiscados durante los allanamientos se encuentran certificados de trabajo en los que figuran que los interesados en las visas supuestamente ganan entre G. 5.000.000 y G. 6.000.000, además de certificados de estudios universitarios, entre otros documentos, todos apócrifos a priori.