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El abogado defensor Rodolfo Mendoza interpuso el escrito. Alega que el uniformado está privado de su libertad ilegalmente y pide a la Corte Suprema de Justicia que se revierta la situación.
Amarilla hace alusión a que el Ministerio Público planteó una nueva imputación por tortura, con el efecto de que no pueda obtener medidas alternativas a la prisión debido a que en un primer momento solo fue imputado por reducción, que sí prevé la excarcelación.
“Es evidente que la imputación tiene el solo objetivo de lograr que mi persona siga restringida en la libertad, sin embargo la sola existencia de un estudio psicológico cuyo resultado puede deberse a diversas situaciones y no precisamente a ningún tipo de tortura, además la falta de diagnóstico que acredite lesión o signos de tortura, evidencian el sistemático procedimiento fiscal para impedir de manera temeraria que logre mi libertad”, se desprende del recurso presentado.
Amarilla y otros siete uniformados están procesados por la repartija de G. 1.840 millones de Prosegur.