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PRESIDENTE FRANCO (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). El proceso es por lesión de confianza, debido a que se encontraron irregularidades en obras que debían ejecutarse con dinero proveniente de Fonacide y royalties, pero de todos modos pagaron por los trabajos.
La denuncia había sido presentada por el actual intendente de la comunidad, Roque Godoy (PLRA), con acompañamiento de la mayoría de los integrantes de la Junta Municipal y de integrantes de organizaciones sociales como Teko Porã Rekávo.
Según se informó, el fiscal Vázquez imputó en una causa, a los abogados Alcides Fernández y Abrahán Alegre. “Existen elementos de pruebas que darían sustento a la denuncia formulada por la Contraloría General de la República, y que inducen a creer que comprometerían en grado de sospecha la responsabilidad de las personas individualizadas, constituyendo las mismas circunstancias suficientes para iniciar formalmente un proceso penal”, señala parte del documento presentado ante el Juzgado.
En una segunda carpeta fiscal, Vázquez imputó a la abogada Blanca Acuña porque supuestamente habría cobrado cheques irregularmente mientras era intendenta de Presidente Franco. El proceso también se sustenta en los elementos de prueba recogidos por la Contraloría General de la República, “que comprometerían en grado de sospecha a la imputada”.
El fiscal pidió medidas alternativas a la prisión para los tres exintendentes y requirió a cambio una caución de G. 250 millones para Blanca Acuña y de G. 50 millones para Fernández y Alegre, ante la jueza de Garantías Carina Frutos Recalde.
Coincidentemente, las imputaciones se dan a conocer el mismo día en que los miembros de Teko Porã Rekávo junto con algunos concejales franqueños, como Bartola Fernández (PDP) habían ido a protestar ante la sede de la Fiscalía General del Estado, en Asunción, a reclamar que la investigación fiscal no avanzaba.
Blanca Acuña, imputada, en abril del año pasado fue una de las concejalas que, en sesión extraordinaria, había rechazado la rendición de cuentas municipal del periodo 2015, administrado por Alcides Fernández y Abrahán Alegre. “Esto fue un robo en mayúsculas a la administración municipal”, había sentenciado en esa oportunidad.
Entre las irregularidades detectadas durante auditorías realizadas por la Municipalidad y por la Contraloría, se encuentran la existencia de aulas y baños “fantasma”, sin culminar y otras sobrefacturadas.