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La gravedad del hecho en su momento obligó a la Secretaría del Ambiente (Seam) a clausurar la planta industrial y posteriormente aplicar una multa de G. 1.052 millones a Copetrol.
Sin embargo, después de más de dos años de “investigación”, la fiscala Martínez Amarilla pidió una exigua pena para los responsables del grave delito ambiental.
La agente del Ministerio Público pidió que uno de los investigados done G. 5 millones y el otro G. 10 millones.
Se lavó las manos
La fiscala se “lavó las manos” en un informe de la Dirección de Delitos Ambientales del Ministerio Público, del 14 de setiembre pasado, que concluyó que “el hecho fue de mediana magnitud teniendo en cuenta las acciones aplicadas por Copetrol y posteriormente por su contratada, la empresa DISAB Sudamericana, y que fueron recomendadas por la Seam para reversibilidad del daño producido y las pautas de recomposición”. Es decir, según la agente del Ministerio Público, “el recurso afectado fue tratado y vuelto a su estado anterior”.
Los expertos ambientales consultados por nuestro diario, dijeron que el requerimiento de la fiscala ofende la inteligencia y confirma que la Unidad Ambiental, que está a cargo del fiscal adjunto Jorge Sosa, deja impunes graves delitos ambientales que incluso ponen en peligro la salud y la vida de las personas, para perseguir hechos punibles bagatelarios.
La decisión de hacer o no lugar al pedido de la fiscala Martínez, queda en manos de la jueza Bracho, quien dictará resolución en la audiencia preliminar.