Cargando...
La jueza penal de garantías Patricia Carolina González Bogado goza de un permiso otorgado por la Corte para acompañar a su esposo, el colorado Roberto “Melcha” Melgarejo, cónsul en Málaga (España).
El juez interino Paublino Escobar encontró siete exhortos, entre ellos el del narcotraficante brasileño Jarvis, que estuvieron “cajoneados” durante más de un año.
Empero, la magistrada fue “blanqueada” en el informe de Mario Elizeche, de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte, pero los funcionarios en la mira, el exactuario del juzgado Milton García y el dactilógrafo Aldo Godoy, están desde ayer suspendidos sin goce de sueldo y sumariados por haber dado entrada al expediente y cargado al sistema informático.
García, inclusive, exhibió un documento que lo eximiría de responsabilidad. Tiene que ver con el exhorto más famoso, el de Jarvis. El actuario explicó que le dio “entrada” el 16 de abril de 2015, pero fue cambiado por González el 24 de abril del mismo año, unos ocho días después. Añadió que envió una nota al entonces presidente de la Corte, Antonio Fretes, el 29 de abril, donde explicaba que no se le permitió realizar el inventario de expedientes y evidencias de la secretaría a su cargo.
El funcionario indicó que el sistema de recepción de expedientes es que el actuario da entrada, y luego se lleva a despacho. Una “prueba” de que esto fue lo que aconteció, dice, es que el dactilógrafo Aldo Godoy estaba físicamente asignado al despacho de la jueza, y dio entrada del expediente en el sistema informático en ese lugar, por lo que la jueza González no puede alegar su “desconocimiento”.
“Él (por Godoy) hizo el proyecto de providencia que nunca se firmó, según tengo entendido”, explicó García.
En otro punto, el actuario dijo que la Corte comunicó al Ministerio Público la falta de impulso de la cooperación jurídica por parte del fiscal antidrogas Carlos Alcaraz.