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Los desvíos se registraron durante las gestiones del entonces gobernador Óscar Núñez y su sucesor Emigdio Benítez, entre los años 2011 y 2013.
De todo ese tiempo, Benítez estuvo solo siete meses al frente de la Gobernación.
En su presentación, Benítez señala que ya acercó los documentos sobre la ejecución presupuestaria al fiscal de Cuentas Carlos Lezcano.
El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Martín Cabrera debe responder a la pretensión del procesado.
Lo más probable es que durante la próxima semana, Cabrera pida el rechazo del requerimiento de Benítez.
El juez de garantía de Villa Hayes Blas Ramón Cabriza será el que resuelva este pedido.
Sea cual sea la resolución, lo más probable es que el fallo sea recurrido a la Cámara de Apelaciones.
Inclusive podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, con lo que este proceso penal, en el que día a día se encuentran nuevos elementos de la tragada quedaría estancado por un tiempo.
Hasta el momento hay unos 32 imputados, en su gran mayoría por estafa y lesión de confianza.
Esta causa está a cargo del juez Cabriza. A esto se suma que hay otro caso abierto por lavado de dinero que incluye a tres procesados, de los cuales dos están incluidos en el otro proceso.
Ellos son Humberto Argüello y Juan Bogado González.
La investigación la abrió el fiscal Martín Cabrera el pasado 10 de marzo. En un primer momento, Cabrera imputó por un presunto daño a los miembros de la Asociación Chaco Digital, que debían proveer computadoras dentro del programa “Una computadora por niño”. El segundo caso tiene que ver con los fondos de programas de “ayuda social”, “ayuda a comunidades indígenas” y “emergencia en el Chaco”.
Al campo administrativo
El juez tramita la cuestión prejudicial en forma de incidente –queda a su cargo su resolución– y si acepta su existencia, suspende el procedimiento penal hasta que en el otro procedimiento recaiga resolución firme.
Esto lo realiza sin perjuicio de que se realicen los actos de investigación que no admitan demora.
Sin embargo, en la práctica esto dilata la investigación, ya que se traslada a un campo netamente administrativo, lo que puede ser indagado en el ámbito penal.
En esta causa, la actual administración departamental fue la que denunció irregularidades de carácter penal.