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El Tribunal de Sentencia, presidido por Manuel Aguirre e integrado por Víctor Alfieri y Elsa García, comprobó que la exfiscala montó una estructura con funcionarios fantasma para cobrar sueldos y de esa forma desviar los recursos del Estado en su beneficio.
El perjuicio constatado por el colegiado es de poco más de G. 107 millones.
Las pruebas
Los magistrados constataron esta situación irregular, mediante el testimonio de varios funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que ni siquiera conocían a las personas que figuraban en las planillas, a las que nunca vieron ni escucharon siquiera de su existencia.
Otro punto considerado por el Tribunal es que la misma acusada había solicitado que la marcación de esas personas se hiciera a través de planillas manuales, que ella manejaba.
El hallazgo de las 16 tarjetas de débito en poder de la acusada y videos de cámaras de circuito cerrado donde se la ve cuando retira el dinero de los cajeros, son otras pruebas aportadas por el Ministerio Público consideradas por el colegiado.
Fiscal pidió 6 años y 6 meses
El fiscal Luis Piñánez había solicitado una pena de 6 años y 6 meses para su excolega por estafa al Estado paraguayo.
El colegiado resolvió descartar la apropiación por extinción por reparación del daño, mediante el pago de G. 50 millones a su denunciante Juana Cabañas, previo acuerdo ante escribanía, tal como requirió el abogado defensor Alfredo Delgado al inicio del juicio, el 18 de julio pasado.
En juicio, Delgado pidió la absolución de su defendida, tras alegar que no se demostró que la exfiscala haya perjudicado al Estado paraguayo ni la existencia de una declaración falsa.
“La estafa al Estado paraguayo no existe, el perjuicio patrimonial no existe no ha sido determinado, no se ha hecho una auditoría ni un sumario, por lo que solicitamos su absolución”, argumentó Delgado.
El defensor anunció que recurrirá la sentencia porque a su criterio, no está ajustada a derecho.
A su vez, el fiscal Piñánez dijo que si bien la condena es muy inferior a la que solicitó, primero esperará conocer sus fundamentos para luego resolver si apela o no la misma.
Evidencias, en la oficina
El 2 de noviembre de 2009, en un allanamiento realizado a la oficina de la entonces fiscala Liz Pérez Idoyaga en la Justicia Electoral, los investigadores comprobaron que tenía en su poder 16 tarjetas de débito. Para no llegar a juicio oral, la fiscala reconoció el hecho y ofreció reparar el daño, pero la propuesta fue rechazada en ocasión de la audiencia preliminar.