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Los jueces Juan Carlos Zárate y Héctor Capurro hicieron lugar al pedido, mientras que Carlos Hermosilla votó en disidencia.
La condenada, que para el juicio oral renunció a abogado particular y fue representada por el defensor público Juan Pablo Mendoza, alegó que no cuenta ya con bienes para afianzar sus medidas alternativas.
En la audiencia de revisión de medidas, el fiscal René Fernández se opuso a la solicitud y dijo que si la exagente ya no podía presentar fianza, en todo caso correspondía que se revoquen las medidas y sea remitida al Buen Pastor.
Los fiscales Fernández y Luis Piñánez apelaron el arresto domiciliario, teniendo en cuenta que la procesada busca compurgar su pena en su casa.
Sobre el fallo, expresan: “Convierte dicha decisión en una desnaturalización de los fines de la pena y una puerta a la impunidad. Es desacertada y violatoria al principio de efectividad penal, más bien es un medio de impedir el cumplimiento de la pena que el mismo tribunal a quo resolvió”.
Por último, indican que “la sanción penal resultaría a todas luces ilusoria, teniendo en cuenta que el arresto domiciliario implica una restricción de la libertad ambulatoria de la acusada”.