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El tribunal integrado por Lizza Battilana, Lourdes Sanabria y Rosarito Montanía, argumentó que están pendientes tres incidentes planteados por el exagente.
Los recursos meramente dilatorios fueron impulsados contra la notificación del nuevo tribunal de sentencia, la fijación del juicio y la admisión de una prueba en el auto de apertura a juicio, que debe ser producida durante el juzgamiento por el Ministerio Público.
La Cámara de Apelaciones debe destrabar ahora el juicio oral de Gamba y el coacusado, el abogado Juan Enmanuel Portillo, pendiente desde marzo de 2012.
El fiscal de Delitos Económicos, René Fernández, refirió que pese al dilatado proceso, la acción penal no corre riesgo de extinción porque los recursos planteados interrumpen el cómputo del plazo. Sin embargo, reconoció que de entrar en vigencia la “ley antimora”, N° 4669/12, suspendida hasta junio del año que viene, el caso podría verse seriamente amenazado.
El investigador, a su vez, señaló que reiterará el pedido de sanción para Gamba, por abuso del derecho y recordó que el co-procesado Portillo ya fue “advertido” por las chicanas deducidas.
De acuerdo a los antecedentes, el 3 de junio de 2009 fueron detenidos el entonces fiscal Gustavo Gamba y el abogado Juan Enmanuel Portillo, tras recibir US$ 90.000 de manos del senador Víctor Bernal, para que este sea blanqueado en un caso de Itaipú.