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La resolución, dictada el 16 de octubre pasado por la jueza de garantías Patricia González, admite la acusación radicada por la Fiscalía de Delitos Económicos.
El abogado Alfredo Delgado cuestiona que la resolución haya sido dictada tres días después de la audiencia y la falta de fundamentación de dicha decisión.
La acusación, a cargo de Luis Piñánez, tiene su origen en la denuncia realizada por Juana Cabañas. La joven dijo que la fiscala Pérez le ofreció trabajo, motivo por el cual le facilitó sus documentos y posteriormente se enteró con sorpresa de que la misma cobraba en su nombre.
En el allanamiento realizado por la fiscalía al despacho de Pérez, se incautaron 16 tarjetas de débito de funcionarios de Justicia Electoral.
En la audiencia preliminar, la exfiscala solicitó la suspensión condicional del procedimiento y ofreció una donación de G. 7 millones y prestar servicio de abogacía gratuito. Alegó que no hubo perjuicio y ofreció un acta notarial de los propietarios de las tarjetas halladas en su poder, que señala que han cobrado íntegramente sus salarios. Según Pérez, ella prestó dinero a los funcionarios y se quedaba con sus tarjetas para el descuento correspondiente.