Esposa de Yoyito recusa a fiscal y dilata imputación

Mirtha Vergara de Franco, esposa de Yoyito Franco y exembajadora paraguaya en Uruguay, recusó al fiscal René Fernández con la finalidad de dilatar una imputación por haber amañado una licitación para refaccionar el edificio histórico de la Embajada paraguaya ubicada en Montevideo, que fue “destruido” por la firma contratada.

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De acuerdo a los datos, Vergara recusó ayer al fiscal de Delitos Económicos Fernández por supuesta “parcialidad manifiesta” por haberla convocado a audiencia indagatoria para este lunes, en una investigación por estafa y lesión de confianza.

En este caso están involucrados altos funcionarios de la C ancillería como Juan Andrés Cáceres, director general de administración y finanza, quien ya declaró en carácter de indagatoria, previa a una imputación penal.

De acuerdo a la denuncia presentada por la propia Cancillería, entre abril de 2011 y setiembre de 2012, Vergara habría “cocinado” la adjudicación a la empresa uruguaya “Ing. Castillo & Lazogue Arquitectura”, del arquitecto Marcelo Castillo y Rubén Lazogué, creada solo a los efectos de realizar la refacción y reparación de la sede diplomática paraguaya ubicada en un edificio histórico de Montevideo, Uruguay, propiedad del Estado paraguayo.

La empresa en cuestión supuestamente ganó la licitación a otras dos, por la suma de US$ 527.931. Sin embargo, las otras oferentes “Este Construcciones” (cuyo ofrecimiento fue de US$ 710.000) y “Casa Cerrada” (US$ 625.100), ni siquiera existirían.

También, el ofrecimiento de la empresa adjudicada fue evaluado y aprobado con muchas irregularidades por un Comité de Evaluación de la Cancillería, integrado por el diplomático Carlos Scavone; Juan Andrés Cáceres, director de administración y finanzas; Juan José Verón, director de finanzas y la abogada Gloria Merlo. La exembajadora Vergara, inclusive, dio el adelanto del 50% (US$ 250.000) sin la firma de contrato, se denunció.

La sede de la embajada, tras los primeros trabajos de “refacción”, hoy está arruinada y deshabitada, por lo que la oficina se mudó a otro edificio y el Estado paraguayo ya pagó por alquiler unos US$ 362.000.

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