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Da Rosa está imputada como cómplice del enriquecimiento ilícito de Osorio, involucrado también en el negociado con las tarjetas free (al portador) de combustible y un robo de G. 1.159 millones.
La mujer declaró ante el fiscal Luis Piñánez, quien lleva la investigación con su colega Aldo Cantero, en compañía de sus abogados defensores Rogelio Cardozo y Óscar Rotela.
Tras su indagatoria, Da Rosa no quiso brindar declaraciones a los medios de comunicación, pero Cardozo refirió sobre lo asentado en el acta. “Ella no le conoce a nadie, es una ama de casa”, dijo el defensor con relación al desvío de dinero en la Comandancia de la Policía Nacional en concepto de combustible.
Sin embargo, la esposa de Osorio no está investigada por ese hecho, sino fue imputada porque están a su nombre los bienes de su matrimonio, sin que ella tenga un ingreso económico.
Cardozo indicó que su representada se desempeña como “intermediaria para vender vehículos”. Este argumento lo dio debido a que varios rodados de lujo aparecen a su nombre, como dos camionetas Audi Q7, una de color marrón año 2014 valuada en US$ 122.000 y otra blanca del mismo año pero cuyo costo en efectivo fue de US$ 150.000, debido a que es blindada.
“Sobre esas camionetas no explicó, eso va a indicar Osorio en su momento”, refirió el letrado.
La mujer reconoce la titularidad de una camioneta Hyundai Tucson, que supuestamente le vendió a su cuñada, y una Kia Sportage.
Además, hizo referencia a que posee dos inmuebles, la casa familiar ubicada en la ciudad de Fernando de la Mora, fruto de una supuesta herencia, y una casa en San Bernardino, que también fue allanada por el Ministerio Público.
El fiscal Piñánez, por su parte, refirió que se realizaron preguntas a la imputada que hacen precisamente relación al acervo patrimonial de la pareja.
“Ella contestó, por ejemplo, que desconocía el hecho punible que se le atribuye. Detalló que posee dos rodados y otros dos inmuebles a su nombre, y resaltó que no tiene vinculación con los demás imputados en la causa”, especificó.
El investigador recordó que si bien el enriquecimiento ilícito es atribuido al funcionario público, existen varios grados de participación y en este caso específico se le atribuye a Ada Liz la comisión del hecho punible “en colaboración”.
La procesada también dijo al fiscal que está casada sin separación de bienes.