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Dijeron que históricamente la Fiscalía Ambiental ha servido para blanquear hechos atentatorios contra el medio ambiente; pues invocando la característica de última ratio del derecho penal, ha consentido y consolidado la perpetración impune de delitos graves como la deforestación y la contaminación de los cauces hídricos. Estos hechos fueron blanqueados con salidas alternativas, para así blindar a prósperos empresarios, deforestadores y contaminadores, con el beneficio de una equívoca cuasi cosa juzgada. De esta manera, ha propiciado la destrucción inmisericorde de los recursos naturales de la República, enfatizaron expertos.
La Fiscalía Penal Ambiental se ha burlado de la ciudadanía, y pretende que la misma quede satisfecha con condenas que no tienen ningún impacto sobre el equilibrio de los ecosistemas y la sustentabilidad de los recursos.
Por otro lado, aseguraron que hace una persecución selectiva. Por ejemplo, hace unas semanas obtuvo condena de dos años de cárcel (pidió 3 años y seis meses) para Rubén Figueredo, por el delito de procesamiento ilícito de desecho y violación de la Ley 716/96, por el almacenamiento de pilas de manera inadecuada en un predio.
Según los entendidos en el tema, la Fiscalía no tuvo en cuenta la intencionalidad, no tuvo en cuenta que el hecho se realizó sin fines de lucro, ya que lo hizo una fundación y tampoco tuvo en cuenta el reproche reducido para dar una mejor alternativa.
Figueredo fue investigado por el Ministerio Público después de realizar una denuncia sobre contaminación del río Paraguay en la zona del relleno sanitario de Cateura, en ocasión a la inundación del año 2015 y salpicó a la empresa Empo. Figueredo fue condenado y su denuncia encajonada por la Unidad Ambiental, cuya actuación genera justificada sospecha.
Según los expertos en el área, se puede concluir sin lugar a dudas, que la Fiscalía Ambiental ofrece una justicia a medida, en donde se blanquea a la gente con poder económico y se castiga a los ciudadanos humildes, que no pueden comprar su impunidad.