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El resumen del ejercicio fiscal del 2012 presentado por autoridades de Justicia y Trabajo muestra que G. 36.061.815.269 de las tasas judiciales fueron destinados para el pago de varios servicios, muchos de los cuales no están especificados en el documento, por lo que no se puede confirmar cuál fue el destino de dichos montos. En contrapartida, solo G. 15.144.309.333 fueron utilizados en construcciones.
Durante los gobiernos de los expresidentes Lugo y Franco, los exministros de Justicia y Trabajo recibieron en total G. 170.034.462.997 de la Corte Suprema de Justicia en concepto de tasas judiciales. Dicho monto debía ser utilizado para la construcción y mejoramiento de centros penitenciarios.
De acuerdo a la lista de pagos presentada, G. 12.226.586.592 fueron utilizados para el rubro denominado “Otros servicios en general”, sin dar más especificaciones. Mientras que para “Estudios y proyectos de inversión” emplearon la suma de G. 1.980.000.000.
En tanto que G. 4.194.558.704 se usaron supuestamente para la compra de herramientas, sin especificar el destino de los objetos adquiridos. La misma exministra María Lorena Segovia autorizaba el uso del dinero de las tasas judiciales para efectuar estos pagos, según el contrato firmado con la empresa “Anahí SA Industrial y Comercial”, cuya presidenta es Alice Rosario Cruz Roa. Dicha firma ganó una licitación de G. 2.000.000.000 para proveer almuerzo a los funcionarios de la estatal.
Según la ley, el 30% de los más de G. 170.000 millones debía ser destinado a la financiación de programas de acción, y el 70% a programas de inversiones físicas para la construcción y mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de la República. Esto implicaba igualmente el funcionamiento de centros alternativos de reclusión penitenciaria, centros de asistencia pospenitenciaria y de talleres de artes y oficio.