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Fernández fijó para el martes 12 de febrero, a las 8:30, la audiencia de la exministra, y luego resolverá si impone alguna sanción disciplinaria, que puede llegar a ser una multa.
Dos horas después, a las 10:30, Andraschko debe presentarse nuevamente a su sexta convocatoria de preliminar.
La última chicana que presentó para dilatar su preliminar en diciembre pasado fue justamente una recusación infundada contra el magistrado penal de garantías, que fue rechazada en segunda instancia.
Además de pedir sanción para Andraschko, los camaristas José Agustín Fernández, Delio Vera Navarro y Anselmo Aveiro, de la Segunda Sala, remitieron los antecedentes de los abogados defensores Jorge Prieto y Héctor Centurión González al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.
La exministra y el excoordinador del Programa Pra-Tierras, Rodrigo Lezcano, fueron imputados hace más de 3 años y medio, pero ni siquiera se pudo hacer aún la audiencia preliminar.
La defensa de Andraschko, inclusive, pidió que se declare la prescripción del caso, sin éxito.
Había planteado el incidente con la criticada y suspendida Ley 4669/12, que acorta los plazos de 4 años a solo 3.
Esa ley, que estuvo en vigencia unos pocos días, cambió la estrategia de la defensa, debido a que la exministra primero buscó en el Ministerio Público una salida alternativa a su proceso penal por lesión de confianza, con la aceptación de los hechos y la reparación social del daño, sujetada a una suspensión condicional del procedimiento a prueba.
Esto, sin embargo, lo negó Andraschko y se utilizó como una de las causales para recusar en diciembre pasado al juez Tadeo Fernández.
Los dos acusados fueron altos funcionarios del gobierno de Nicanor Duarte Frutos y, según la fiscalía, realizaron compras directas de tres propiedades ubicadas en zonas inundables, sin ocupación de sintechos y en reservas ecológicas, lo que habría ocasionado un perjuicio de G. 1.653.064.148 a la Secretaría de Acción Social (SAS).
Inmuebles inservibles
Judith Andraschko, exministra de la SAS, y Rodrigo Lezcano, excoordinador del Programa Pra-Tierras, están acusados por las compras directas de tres propiedades ubicadas en zonas inundables, sin ocupación de sintechos y en reservas ecológicas, lo que habría ocasionado un perjuicio de
G. 1.653.064.148. Las tierras en cuestión son una finca de Itacurubí de la Cordillera, de una hectárea, que costó G. 70.097.500; otra finca de Limpio, con 39 hectáreas, con un precio de G. 967.381.354, y un inmueble de ocho hectáreas en Luque, cuyo costo fue G. 715.585.294.