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El 5 de agosto de 2016, los fiscales Igor Cáceres y Pamela Pérez se constituyeron en el Penal de Tacumbú. Luego de la intervención, en declaraciones a la prensa dijeron que constataron que había 22 celdas de lujo en la Penitenciaría Nacional.
La investigación de la fiscalía se abrió luego de descubrirse que Chimenes Pavão, quien ya fue extraditado al Brasil, estaba privado de su libertad en una pieza de lujo y por la cual habría estado pagando a las autoridades penitenciarias e incluso a las del Ministerio de Justicia.
Casi dos años después
A casi dos años después de la intervención del Ministerio Público, un equipo periodístico de nuestro diario corroboró que siguen las celdas vip en Tacumbú y que en las mismas están alojadas gente con poder económico, entre ellos varios procesados por tráfico de droga.
En estas piezas, que cuentan con todas las comodidades, según la denuncia, se tiene acceso solo pagando una suma importante de dinero.
En las celdas vip los reclusos disponen de una cómoda cama, sábanas, frazadas y muebles, donde los presos guardan sus toallas, frazadas, ropas, etc.
Televisor y cinta
También pudimos observar que tienen televisores y hasta una cinta para caminar.
Los reclusos de este sector no contactan con los demás internos del penal, sobre todo con los denominados “pasilleros”. Estos son aproximadamente 800 y en su mayoría serían adictos, que viven en condiciones inhumanas debajo de un tinglado.
La Penitenciaría de Tacumbú aloja a 3.300 internos que están distribuidos en diferentes pabellones. Pero ninguno es igual a la zona vip, en donde los privilegiados se sirven una buena comida, preparada por personas especializadas y en cocinas bien equipadas, como se puede ver en las fotos que ilustran la página.
Las celdas de lujo seguirían siendo un gran negociado en Tacumbú tal como continúa hasta hoy, pese a la intervención de la fiscalía, cuya investigación habría quedado en el oparei.
Precisamente esta impunidad es la que alienta que prosigan los negociados, no solo en el penal de mayores, sino en todos los centros de reclusión del país.
Según la Constitución, la Corte Suprema tiene la obligación de verificar las distintas penitenciarías.
cbenitez@abc.com.py
