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El procedimiento encubierto en el que cayeron Gaona y Melgarejo Lanzoni se llevó a cabo el 21 de mayo de 2007 en un estudio jurídico ubicado en Hernandarias casi Humaitá, oficina del excanciller.
El allanamiento fue realizado por el entonces fiscal anticorrupción Arnaldo Giuzzio (hoy senador nacional) y sus colegas René Fernández y Liliana Alcaraz, ante la denuncia de que Gaona pidió la suma de US$ 50.000 al ciudadano francés Frederich Houdard, propietario de las firmas Gigabytes y Virtual, para desestimar causas por estafas contra sus empresas.
En el procedimiento, Gaona llegó a salir de la oficina sin el maletín con el dinero, que fue escondido por secretarios de Melgarejo Lanzoni. Fue detenido en su camioneta a unas cuadras del lugar.
Las pruebas en contra fueron las grabaciones de conversaciones autorizadas por un juez.
A su vez, se encontró una copia de la carpeta fiscal de la investigación de Gaona en la oficina de Melgarejo Lanzoni.
El proceso por cohecho pasivo y extorsión fue chicaneado desde el inicio, y la complicidad de la justicia se dio con la cadena de inhibiciones de jueces, camaristas y las recusaciones en masa a fiscales. Para más, en la Corte “durmió” la causa más de seis años.
La causa sí llegó a avanzar, pero en contra de los fiscales Fernández, Giuzzio, Alcaraz y Carlos Arregui, entonces adjunto de Delitos Económicos, a quienes se procesó con la velocidad de la luz ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Pese a ello, las fiscalas Victoria Acuña y Rocío Vallejo acusaron a Gaona y Melgarejo Lanzoni el 23 de setiembre de 2007 y pidieron que la causa fuera elevada a juicio oral y público, cosa que nunca ocurrió.
En medio de todo esto, el 14 de setiembre de 2007 el Jurado removió del cargo a Juan Claudio Gaona y absolvió a los fiscales René Fernández, Arnaldo Giuzzio y Carlos Arregui.
Otra “perla” de la justicia fue que el ministro de Corte Miguel Óscar Bajac y los camaristas Fremiort Ortiz Pierpaoli y Linneo Ynsfrán anularon la resolución que autorizaba la interceptación de comunicaciones.
En 2012 hubo un intento
En abril de 2012, la entonces jueza penal de garantías Patricia González intentó realizar la audiencia preliminar de Juan Claudio Gaona (removido del cargo de fiscal) y el excanciller nacional Rubén Melgarejo Lanzoni, ya cuando el hecho punible de cohecho pasivo (simple) había prescripto. Pese a esto, todavía no se expidió la resolución que “archive” el proceso penal.
Solo queda por definir el delito de extorsión, que correría la misma suerte cuando el proceso cumpla 10 años, a menos que la justicia haga valer la teoría de los “plazos muertos”, que debe descontar el tiempo por presentaciones imputables a la defensa de los procesados.