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La medida restrictiva de libertad fue decretada el miércoles último por la jueza Gricelda Caballero, quien ayer la dejó sin efecto, previa imposición de una fianza real de G. 512 millones y personal de G. 200 millones a cada uno de sus defensores, Federico Torres y Héctor Centurión. Prohibición de salir del país, es otra de las medidas establecidas por la magistrada.
Sánchez está procesada junto a otros 17 transportistas por haber causado al Estado un perjuicio de G. 13.000 millones mediante la obtención irregular de subsidio estatal.