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El pedido fue realizado por los fiscales de Delitos Económicos René Fernández y Natalia Fúster, como medida de urgencia ante el intento de vaciar cuentas en una cooperativa.
Flores accedió a ordenar la prohibición de innovar, vender y gravar bienes del matrimonio por la suma de G. 1.800 millones. La defensa del suspendido juez de Paz, por su parte, ya apeló la medida gravosa.
Ahora está pendiente la fijación de una audiencia de reposición, porque Martínez y Escurra chicanearon su audiencia de imposición de medidas.
De acuerdo a la imputación, el matrimonio habría creado una red de usura al otorgar préstamos elevados con capital proveniente incluso del narcotráfico.
El caso se supo tras la denuncia del comerciante Cheli Huttel, quien había recurrido a la usura buscando desesperadamente salvar sus negocios que se iban hundiendo. Según los datos, los préstamos de la fiscala y su marido a Cheli Huttel alcanzaron la suma de G. 339 millones y generaron intereses siderales que la deudora no pudo pagar (G. 1.800 millones).