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Mencionan que el promedio es de 120 casos de abuso de niños por año, cuando las estadísticas en otros departamentos no superan los 3 o 4 casos anuales.
Además se habla de un subregistro de que por cada 10 denuncias se tienen 80 casos que no ingresan al sistema judicial, por varios motivos, como la falta de denuncias.
A pesar de la grave situación, no se tiene ni un programa de prevención y lucha contra este grave flagelo que afecta a la sociedad actualmente. Según Marcos Benítez, de la Fiscalía Adjunta, existía un proyecto de trabajo de articulación entre otras instituciones, pero esto quedó solo en eso: un proyecto. Recién ahora se está estudiando ver qué acciones tomar porque la tasa de delitos contra menores, lejos de disminuir aumenta.
En ese sentido, la Dra. Josefina Cuéllar, jueza del menor, señaló que el abuso sexual infantil no ocurre solo en poblaciones marginales, sino que abarca todas las culturas y todas las clases sociales.
Además, el ámbito más frecuente donde se produce es el seno familiar, lo que hace su abordaje más problemático. Cuánto más cercano a la familia es el acto de abuso más difícil es trabajar, teniendo en cuenta que en el caso de niños pequeños o personas con discapacidad, la información solo llega a través de terceros. De allí la importancia de los servicios de atención primaria en el abordaje de las víctimas. Teniendo en cuenta que solamente con la articulación adecuada, oportuna e integral de acciones locales se podrá evitar la doble victimización.
Emboscada es una de las localidades donde de cada 10 denuncias, ocho corresponden a abusos de menores. Al respecto, el fiscal zonal Roberto Velázquez señaló que existe un elemento socioambiental como parte de las causas, que además pasa por la educación, la conducta machista, donde entran a tallar también el tema del alcohol y las drogas.
En otros casos, víctima y victimario viven en una misma casa, duermen en una misma habitación incluso, según las estadísticas.