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En su sesión plenaria del martes pasado, la Corte Suprema resolvió exigir a los jueces de primera y segunda instancia, de todos los fueros del país, un informe sobre las medidas cautelares que concedieron en los casos tramitados en sus juzgados o tribunales.
El juez coordinador de los juzgados penales de garantías, Gustavo Amarilla, explicó que la notificación para informar a la Corte recibieron el jueves, a última hora.
“El trabajo que nos espera es muy importante, ya que los juzgados penales tienen un promedio de 1.000 causas en trámite donde se tienen medidas cautelares como prisión preventiva, medidas sustitutivas en los casos penales, así como en los exhortos y amparos”, refirió Amarilla.
El juez reconoció que el plazo de tres días que estableció la Corte para que informen los magistrados, es muy corto. “Hoy dispuse que todos los funcionarios se aboquen a este tema porque ante la no presentación del informe se estaría remitiendo los antecedentes de este incumplimiento al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”.
Amarilla reiteró que cada juzgado penal tiene en promedio unos 1.000 expedientes activos y que luego están los casilleros de los expedientes de los casos en rebeldía con orden de captura pendiente.
El plazo para que los jueces informen sobre la concesión de medidas cautelares vence el martes próximo.
Negaron ampliar plazo
Extraoficialmente se supo ayer que los jueces solicitaron a la Corte extender el plazo para remitir los informes.
Sin embargo, la máxima instancia judicial negó esta posibilidad y se mantuvo en que el plazo límite es de tres días.
Lucran con medidas
El origen de la determinación de la Corte de exigir a los jueces el informe de aplicación de medidas cautelares tendría su fundamento en las constantes denuncias de que las medidas de urgencia o cautelares tienen tasada su “tarifa”.
Dura carta de la “aso”
La Asociación de Magistrados Judiciales el martes pasado remitió a la Corte una fuerte nota en la que se revela que los ministros presionan a los jueces para obtener beneficios.
Las circunscripciones judiciales se convierten en feudos de los ministros, indicaron los jueces.
La nota de la “aso” es analizada por los nueve integrantes del máximo tribunal de la República.