El Estado se salva de pagar US$ 42 millones a dos exabogados del BCP

El Tribunal de Cuentas rechazó el pedido de regulación de honorarios de los exabogados del Banco Central del Paraguay Carlos Alberto López Chávez y Eberhard von Lucken, quienes representaron al BCP en un pleito judicial con el Ministerio de Hacienda.

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El Estado se salvó de pagar, como mínimo, unos US$ 42 millones. El procurador general, Roberto Moreno, manifestó su satisfacción por la resolución judicial, que evita un verdadero despojo al Estado paraguayo.

Los miembros del Tribunal de Cuentas, Arsenio Coronel, Rolando Ojeda y Mario Maidana, rechazaron las regulaciones de honorarios que solicitaron los abogados mencionados más arriba. Los profesionales hicieron el pedido en marzo de 2011, según los antecedentes.

En su intervención, la Procuraduría señaló que es inadmisible, temeraria y especuladora en contra de los intereses del Estado paraguayo la pretensión indebida de los abogados López Chávez y Von Lucken.

Los abogados renunciaron expresamente al cobro de sus honorarios.

“La normativa sub examine trata de una ley de orden público, y no ofrece duda alguna respecto a que los profesionales abogados o asesores jurídicos y demás auxiliares de justicia que ostenten cargos remunerados dentro de la función pública no tendrán acciones para requerir a su mandante, ni a otra institución pública, el pago de sus honorarios profesionales por haber intervenido en su nombre en los procesos judiciales”, señalaron los magistrados en una parte de la resolución.

El origen de las regulaciones de los dos abogados (que trabajaban en el BCP y cobraban remuneraciones extraordinarios para llevar juicios) es el Decreto 21978 del 13 de agosto de 2003, por el cual se declaró cancelada la deuda de US$ 425.000.000 que tenía Hacienda con el BCP. Como resultado de ello, el Banco Central demandó a Hacienda por la nulidad del Decreto, la cual fue finalmente declarada por el Poder Judicial. A raíz de ello, los dos letrados pidieron regular sus honorarios, que fue rechazado por el Tribunal de Cuentas.

El procurador Moreno Rodríguez dijo que la institución a su cargo impulsó las diligencias para que el Tribunal de Cuentas se expida sobre el caso.

“Esta decisión judicial evita un verdadero despojo al Estado, mediante el pago de honorarios a exabogados que percibían un salario del Banco Central”, añadió el procurador general en conversación con nuestro diario.

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