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Solo en una parte de la investigación que encomendaron a una consultoría sobre obras presuntamente hechas con fondos de royalties y Fonacide, se detectó un desvío de 781 millones de guaraníes, informaron los concejales.
Los miembros de la Junta Municipal que anunciaron la demanda judicial ante la fiscalía anticorrupción de la capital del país son Juan José Morel, Teodoro Cuenca, Reinaldo Garcete (Movimiento Tekopyahu), Luis Peralta, Guillermo Soares, Alcides Aquino (PLRA) y Luciano Zarza (ANR).
Los concejales afirman que cuentan con los documentos que confirman los desvíos de millonarios fondos de la administración municipal, ocurridos en los últimos años de la gestión de Riveros.
Para documentar los presuntos robos y oficializar la denuncia, contrataron una consultora privada (DJA Plus & Asociados), que se encargó de realizar el estudio de los papeles y la verificación in situ de las obras que Riveros dijo que hizo, pero las mismas no existen.
Uno de los puntos más evidentes de las irregularidades que serán mencionadas ante el Ministerio Público es el pago de G. 419 millones por “reparación de caminos en el distrito de Corpus Christi”, a la empresa B.A.V. Emprendimientos, pero en realidad la vía está en plena obra de asfaltado, pero a cargo de empresas contratistas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en el tramo Cruce Guaraní-Corpus-Pindoty Porã.
Los ediles explicaron que pudieron acceder a los documentos de la institución que comprueban las irregularidades luego de la renuncia de Riveros para postularse a un tercer mandato.
Los concejales opositores lograron elegir como intendente al concejal Ricardo Migdonio Sarubbi, colorado que no responde al exintendente. El mismo le ganó la pulseada a Ranulfo Galeano, candidato de Riveros.
Carlos Vicente Riveros ya fue imputado por la fiscalía en 2010 y, según los denunciantes, a pesar de la contundencia de los hechos detectados por la Contraloría no se le condenó debido a la “benevolencia” del Ministerio Público.