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Entre los señalados están los fiscales Manuel Rojas y Elvio Aguilera. Pidieron que los expedientes manejados por estos sean sometidos a una auditoria.
“Se deben revisar sus causas, pues sea cual sea la cantidad de drogas incautadas, la pena que fue solicitada no sobrepasa los cincos años. Otro esquema que debe ser investigado es la delación (filtración de datos) que se consigue a través de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) abonando entre 5.000 y 10.000 dólares”, puntualizaron.
“Además, saber si existen constancias de qué pasó con todas las drogas incautadas en los diferentes procedimientos, pues los agentes fiscales mencionados (Rojas y Aguilera) entregan toda la droga a la Senad y luego ya no se sabe dónde va a parar lo requisado”, indicaron.