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Uno de los casos denunciados afecta a la docente del turno noche Vidala Dayoena Cáceres, de la comunidad indígena Tova, barrio San Francisco de Benjamín Aceval.
La profesora contó que un vendedor de nombre Derlis se le acercó y le ofreció un préstamo que iba a ser descontado vía ministerial.
El préstamo le iba a dar acompañado de un DVD y un ventilador de pie.
El vendedor le hizo firmar un documento en blanco y luego nunca más apareció.
Esto le generó un embargo de G. 4.600.000, producto de una demanda promovida por la firma Muñequita Saeca.
Otra denuncia fue la presentada por Francisco Cheenoxe Flores, también residente en la compañía Cerrito y docente de la escuela número 5820 “San Francisco de Asís”. Refirió que hace 15 años se le acercó un hombre que se presentó como vendedor de la firma San José Muebles al que le había comprado una pulsera de oro por valor de G. 1.800.000, pagadero en 12 cuotas.
Señaló que con sorpresa se encontró que también se le embargó por la compra de un terreno por valor de G. 39 millones, lo cual significa un descuento de G. 310.000 por 99 meses. La demanda fue promovida por la empresa Ágil Soluciones.
Sin embargo, declaró que fue solo de G. 500.000 el préstamo que le otorgó esta empresa.
Indicó que mensualmente cobra G. 600.000 de los G. tres millones que debe percibir.
Otro caso denunciado fue el de Arcenio Cruz, domiciliado en las comunidad Las Princesas, Pilcomayo, con domicilio laboral en la Escuela Capitán Díaz 7425.
El contexto de la denuncia es similar a las anteriores.
También se registró la denuncia de Demecio Urgi Achipurangi, domiciliado en Arroyo Banderas, Villa Ygatimí de Curuguaty, profesor de la escuela básica de dicha localidad.
Indicó que hace 12 años se le acercó una vendedora de nombre Aidée Samudio, de la empresa DSJ SRL Distribuidora, que le ofreció un equipo de sonido y un edredón.
El docente firmó la autorización para el descuento y nunca le llegó el producto.
Luego se enteró de que fue demandado no solo por esa firma, sino por otras.
Un esquema para engañar
La denuncia de estafa a docentes no es nueva, solo que en este caso la realizaron miembros de las diversas comunidades indígenas del país.
En el 90% de las denuncias presentadas anteriormente por educadores se refiere que son víctimas del embargo total de sus salarios mensuales por supuestas compras de electrodomésticos que nunca hicieron. Nunca fueron notificados del embargo. Las fiscalas Teresa Sosa y Lorena Ledesma abrieron numerosas investigaciones que inclusive derivaron en algunas imputaciones. En este esquema se ven involucrados funcionarios de jugados de Paz y abogados, con el silencio cómplice de los magistrados y una pasiva actitud de la Corte Suprema de Justicia.