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Esto fue confirmado por el director jurídico del ente, Roy Rodgers Canás, quien explicó que el contralor Rubén Velázquez Gadea puede pedir la remisión de los antecedentes para ver la legalidad de la erogación.
Santacruz había percibido la friolera suma de G. 71.235.701 en diciembre de 2012. La misma se alzó con cinco bonificaciones y gratificaciones y hasta un subsidio familiar de G. 7.250.000. Por su parte, Roberto Torres, quien tiene asignado un salario de G. 18.000.000, ganó G. 58.973.460 en ese mes, también con cinco bonificaciones.
A nivel de ministros de Corte, se pudo acceder a un documento donde se comprueba que Luis María Benítez Riera percibió G. 57.711.369 el mismo mes.
“El decreto reglamentario del presupuesto te da los márgenes para los pagos y montos, hasta qué porcentaje uno puede cobrar en concepto de responsabilidad en el cargo; está regulado por un tope y hay que ver si se cumplió o se sobrepasó”, explicó Rodgers.
Agregó que en el caso de que se haya sobrepasado, se puede solicitar la devolución de los fondos al funcionario, y, si este no quiere devolver, la administración judicialmente inicia el cobro compulsivo de ese fondo. “Lo categórico es que los pagos efectuados en diciembre se pueden analizar, y si se determina que una persona percibió más allá de lo que la ley le permitía, no solo se comunica a la Corte sino al procurador general. Si se percibió una diferencia tan significativa, no es un error; si es G. 71 millones es llamativo, pero no se puede decir que hubo un perjuicio patrimonial sin tener a la vista los documentos”, concluyó el abogado.