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En diciembre de 2010, la Corte Suprema firmó un contrato con Comtecpar, luego de ganar una licitación, para la provisión de armas y municiones, a fin de fortalecer la seguridad de los ministros del alto tribunal.
Entre otros materiales bélicos, la Corte autorizó que se importen a su nombre 3.000 municiones 5.56 mm. Sin embargo, la Dimabel autorizó que se traigan de los Estados Unidos 12.500 balas. Es decir, 9.500 unidades más de lo adjudicado.
La Corte asegura que recibió las tres mil balas.
Sin embargo, las municiones sobrantes eran comercializadas en comercios particulares, de acuerdo a una denuncia que se presentó ante la máxima instancia el 7 de febrero pasado.
Ante la gravedad del hecho, los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado para la investigación penal.
El escándalo saltó a la luz pública, luego de una publicación que hizo nuestro diario el domingo pasado.
A partir de entonces, el fiscal general, Javier Díaz Verón, designó la causa a la Unidad Antisecuestro y la causa quedó a cargo de los fiscales Federico Delfino, Sandra Quiñónez y Francisco Ayala.
Contradicciones
El titular de la Dirección de Material Bélico, general Carlos Campos Krauer; y el jefe del Registro Nacional de Armas, teniente coronel Óscar Villagra cayeron en una serie de contradicciones con relación al caso.
Además, nuestro diario tuvo acceso a varios documentos, que fortalecen las sospechas de un presunto negociado con armas y municiones, que salpica fuertemente a los militares.
Entre los documentos, encontramos que en noviembre de 2011, Villagra ordenó la entrega de las 12.500 municiones importadas para la Corte a la empresa Comtecpar (de Carlos León), para ser trasladadas a los depósitos del Ministerio del Interior (Policía Nacional).
Las balas, por lo menos las 3.000, tenían que ir de la Dimabel a los depósitos de la Corte, según el procedimiento establecido.
Este documento, además contradice a Villagra, quien había explicado que las 9.500 balas quedaron en los depósitos de Dimabel, hasta que en enero pasado, León solicitó para que sean comercializadas, porque la Corte “no tenía presupuesto para comprar”.
Exhibió un documento, de fecha 28 de enero, por el cual se autorizó a Yamgo a vender unas 3.000 municiones.
Cuando se le consultó dónde está el resto, respondió que se vendió a particulares y que la empresa tiene que presentar los registros a quiénes comercializó esas municiones, que para el departamento de Estado de los Estados Unidos, está en poder de la Corte.
También se importaron 5 fusiles más que lo adjudicado por la Corte. Los mismos fueron vendidos a la Senad, a través de la casa comercial Yamgo.
También se importaron municiones más que los adjudicados por el Ejército, al que también provee la empresa Comtecpar.
PLEITO ENTRE SOCIOS
La denuncia ante la Corte Suprema de Justicia fue presentada por Rubén González Peralta, quien también es accionista de Comtecpar, pero que mantiene un pleito judicial con su socio, Carlos León.
Este expediente está a cargo del magistrado civil Hugo Bécker, quien había designado un interventor.
Este había elevado su informe, en el que se resaltaron la gran diferencia entre las armas y municiones adjudicadas por las instituciones del Estado y las importadas por la empresa.
La puja judicial entre dos particulares se volvió de interés general a partir de un posible negociado, que salpicaría a alto jefes militares, sobre todo a aquellos que otorgan las autorizaciones (caso Dimabel).