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En el Acuerdo y Sentencia Nº 516, del 9 de julio pasado, por el cual la Sala Penal presidida por Blanco rechazó el hábeas corpus promovido por Sosa Palmerola, el ministro afirmó que “resulta un auténtico despropósito, a esta altura del proceso, conceder la libertad” al banquero, imputado como instigador del desvío.
Esta postura, Blanco junto a los camaristas Neri Villalba y Mercedes Buongermini, quienes también analizaron el caso, la ratificó el 15 de julio, al rechazar el pedido de la abogada defensora Sara Parquet de Ríos, de revocar el fallo que rechazó el hábeas corpus.
Los magistrados enfatizaron que en reiteradas ocasiones la Sala Penal ha reafirmado su obligación ineludible de asegurar el sometimiento de los justiciables a los mandatos de la justicia. Incluso resaltaron que Sosa Palmerola está imputado por un hecho punible grave, que podría ser acusado y que su causa sería elevada a juicio oral. Además, manifestaron que la expectativa de pena es elevada. (Hasta diez años de cárcel por lesión de confianza).
Sin embargo, el 16 de julio, Blanco, Buongermini y Villalba, se “olvidaron” de todo lo que dijeron el 9 de julio y que ratificaron el 15, y ordenaron la libertad del banquero por resolución ficta. Los magistrados hicieron lugar a un recurso de queja por retardo de justicia, que presentó Parquet de Ríos, contra el Tribunal de Apelaciones, Tercera Sala, que supuestamente cayó en mora al no resolver en el plazo de tres días, la apelación que se presentó con la decisión del juez Tadeo Fernández, que confirmó la prisión del imputado en Tacumbú.
Esta y otras groseras contradicciones de los magistrados en el rechazo del hábeas corpus y la resolución que ordenó la libertad de Sosa Palmerola, obligaron a la fiscalía a abrir una investigación por prevaricato a los tres magistrados.
Por otro lado, para tratar de “blanquearse” el ministro ordenó una auditoría. De esta manera buscaría hacer responsables a los camaristas de la libertad del banquero por resolución ficta, ya que supuestamente no dictaron resolución en tres días y en consecuencia hubo mora.
Sin embargo, la propia Sala Penal reconoció en el hábeas corpus que el Tribunal no estaba integrado y no se podía hablar de retardo.
Blanco, “a disposición”
El ministro de la Corte Sindulfo Blanco se puso ayer “a disposición” del Ministerio Público a través de una carta poder que presentó el abogado Andrés Casati. Sin embargo, el magistrado tiene fueros, por lo que ni siquiera puede ser citado.
Casati explicó que su cliente es el más interesado en que se aclaren los alcances de dos fallos que son “absolutamente legales”, por lo que no cabe el prevaricato del que se habla.
El exjuez señaló también que confía en la unidad especializada a cargo de Federico Espinoza y criticó al anterior adjunto, Carlos Arregui, porque se candidata a concejal de Asunción por el movimiento PDP del Rafael Filizzola, procesado por el negociado de helicópteros de la Policía.