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De todas formas la fiscalía imputó sin tener en cuenta además el informe de ejecución de la misma SNNA, señalaron abogados de Nancy Godoy, una de las afectadas.
Los peritajes realizados al referido contrato de provisión de alimentos entre la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia (SNNA) y la empresa Granos y Aceites SACIA fueron efectuados en dos ocasiones por el Ministerio Público y una por el Abog. Eduardo De Gásperi a pedido de la defensa.
Uno de los peritajes de la fiscalía no pudo encontrar algún faltante durante el periodo de provisión de los alimentos que fue de 30 meses, por lo que no se determina en ambos exámenes si hubo daño patrimonial a la SNNA. El otro, a pesar de haber terminado el proceso de investigación, aun no ha concluido.
El peritaje realizado por De Gásperi, en cambio, es categórico y asegura que no hubo daño o lesión en contra de la institución, refiere la defensa de Nancy Godoy (apoderada de Granos y Aceites SACIA).
Aun con todos estos antecedentes, la fiscalía procedió a imputar a Nancy Godoy, apoderada de la firma, al exministro de la Niñez José Orué, además de otras personas y funcionarios por un supuesto faltante de G. 6.000 millones en dicho contrato.
Asimismo, la fiscalía tampoco tuvo en cuenta el “Informe de Ejecución del contrato, donde ya la actual jefa del Departamento de Suministros, Lic. Paola Martínez Lugo, certifica con su firma y sello institucional que las entregas de los productos alimenticios fueron realizadas conforme a las órdenes de compras emitidas y recepcionadas efectivamente por el proveedor, conforme consta en las notas de remisión de entrega de insumos en las que se constata la efectiva entrega de los bienes”.
Además de esto, constan en la carpeta fiscal copias de las más de 50.000 notas de remisión firmadas, constancia de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), certificado de buen cumplimiento de contrato de la SNNA y otros que avalan que no hubo faltante pero que la fiscala Josefina Aghemo no tuvo en cuenta a la hora de imputar, manifestaron los abogados Álvaro Arias, Paola Villalba y Gustavo Dos Santos.
Audiencia preliminar
En este caso, está pendiente la realización de la audiencia preliminar en la que la justicia tiene que resolver si los acusados afrontan o no juicio oral.
El Ministerio Público insiste en que existen pruebas para que los procesados sean llevados a una audiencia pública y puedan ser juzgados por un tribunal de sentencia.
El expediente está a cargo de la jueza Rosarito Montanía, luego del apartamiento de otros dos magistrados.