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Este recinto funciona a un costado de la penitenciaría regional de San Pedro de Ycuamandyyú, donde el domingo último los reos del PCC masacraron a 10 convictos que integran el clan Rotela.
Chapaló, como es conocido el narco que fue ayudado por el juez Arévalos, de este modo tuvo que volver a la población penal común, tal como lo pidió la fiscala Fani Aguilera.
El traficante fue capturado en 2014 y está condenado a 26 años de cárcel. Chapaló vivía en una de las cuatro casas de la supuesta granja.
Las otras tres eran habitadas por el también poderoso narco Ángel Tranquilino Giménez (sentenciado a 21 años) Gustavo Ramón Paredes Paoli (condenado por lesión) y Juan Ramón Benítez Guerrero (penado por homicidio).
Este último ni siquiera contaba con una orden judicial para vivir en libertad y se presume que ocupaba una de las casas con el permiso del ahora exdirector de la cárcel Wilfrido Quintana, quien habría llegado a ese cargo como recomendado del diputado colorado Freddy D’Ecclessis.
La supuesta granja fue allanada el lunes de madrugada por la fiscala María Dominga Benítez, quien halló a los reos durmiendo con sus respectivas familias.
Cuando se conocieron los escandalosos privilegios con los cuales contaban los narcos condenados, el ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, intentó eludir su responsabilidad política al asegurar que no estaba en conocimiento del funcionamiento de la supuesta granja.
Sin embargo, en su descargo, el destituido director del penal norteño, Wilfrido Quintana, mostró una fotografía en la que aparecen los citados presos con él y con el entonces director general de Establecimientos Penitenciarios, Blas Martínez, durante un almuerzo en la cuestionada granja.