Detienen a un exintendente

CAACUPÉ (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). Agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer al exintendente de Atyrá Martín Muñoz (PLRA) y al extesorero Félix Mendieta, en el marco de la investigación de la existencia de “planilleros” en el rubro de jornaleros por G. 47.800.000, pagados con fondos de royalties. El jefe comunal también afronta otro proceso por supuestas sobrefacturaciones y malversaciones realizadas con recursos del Fonacide.

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La detención se produjo en horas de la tarde de ayer en la vía pública en la localidad de Atyrá, luego de que la fiscala María Alejandra Savorgnan, de la Unidad 2, dictara la orden de captura contra las personas mencionadas, imputadas por supuestos hechos punibles contra el patrimonio, estafa, lesión de confianza y producción de documentos de contenido falso.

El ex jefe comunal y el extesorero fueron trasladados a la Comisaria 1 de Caacupé, donde pasaron la noche. Esta mañana está fijada la audiencia de imposición de medidas ante el juez penal de Garantías Dr. Paublino Escobar.

El 3 de noviembre pasado, Melanio Arzamendia denunció al exintendente de Atyrá luego de enterarse de que a su nombre se cobraron G. 11.950.000 en la Comuna local. Martín Muñoz aspiraba al rekutu, pero perdió en las elecciones del domingo pasado, por más de un centenar de votos.

Arzamendia figura como un jornalero contratado por la Municipalidad de Atyrá para la realización de trabajos de limpieza de caminos y calles, desde enero a julio del 2015. Su nombre, además de una firma falsa, figura en un contrato y planilla de pago, que también lleva la firma del exintendente Martín Muñoz y del extesorero Fernando Mendieta.

Dicho poblador tomó conocimiento de que usaban su nombre a través de la divulgación de la planilla en las redes sociales, con el mote de planillero. Su padre, Melanio Arzamendia, tuvo una descompensación cuando se enteró de que la víctima figuraba en la plantilla.

El afectado es mecánico de motos y trabaja en un taller de Caacupé, dijo. A causa de dicha situación fue a la Municipalidad, donde le mostraron documentos con sus firmas apócrifas, por lo que días después realizó la denuncia pertinente. El mismo es solo uno de varios casos similares, cuyas víctimas no se animaron a denunciar, pero fueron denunciados por los concejales, cuya suma ronda los G. 50 millones.

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