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El director de Investigación de Hechos Punibles, comisario general Abel Cañete, ordenó la remisión a Asunción de los jefes, subjefes y personal de planta de las oficinas regionales de Antinarcóticos, Investigaciones y Homicidios, aunque también corrieron la misma suerte los agentes de Automotores, Delitos Económicos e Interpol.
El jefe de Prevención y Seguridad de Canindeyú, Pedro Lezcano, también ya fue cambiado ayer, y hoy sería destituido su jefe, el director de Policía Hermógenes García.
Supuestamente, todos recibían montos fijos y por cada carga de marihuana que llegaba a la frontera, para su posterior envío al lado brasileño, mediante lanchas rápidas que cruzaban el río Paraná.
La lista de los sobornos fue encontrada hace una semana, cuando un grupo de agentes especiales no corruptos de la Senad, con supervisión de cuatro fiscales antidrogas, efectuaron cinco allanamientos en Salto del Guairá en los que se incautaron de 16 toneladas de marihuana prensada y cayeron detenidas ocho personas, entre ellas los presuntos financistas de la estructura, Flaviano Giménez y su hijo Flavio Junior Giménez Spaini, así como los supuestos jefes logísticos y de envío, el exmilitar Jorge Daniel Zorrilla Vera y el expolicía Miguel Ángel Torres Ramírez.
Estos, a su vez, se encargaban de guardar los cargamentos de droga en un depósito perteneciente al exmilitar hasta el momento del embarque en el puerto de balsas sobre el río Paraná, donde a su vez pagaban sobornos a los funcionarios de Aduanas, Puertos y Detave de Salto del Guairá, siempre según las anotaciones de los propios traficantes.
La organización operaba con la complicidad del asistente fiscal Wilson Campuzano, de la Unidad Antidrogas de Salto del Guairá, quien avisaba de todos los procedimientos. Su jefe directo, el fiscal Vicente Rodríguez, de momento continúa en su cargo.
La lista de coimas hallada hace una semana en Salto del Guairá es casi idéntica a la nómina encontrada hace dos años, luego de la incautación de 20 toneladas de marihuana en un operativo sobre la Ruta 10, en Katueté.
El responsable del transporte de aquel megacargamento era el expolicía Benicio Silva, quien nunca fue capturado, aunque el esquema de pagos que montó seguía vigente.
También en la Senad y la Caballería
Además de los relevos policiales, la propia Senad ya había desmantelado su oficina en Salto del Guairá, a raíz de que sus agentes también aparecen en la lista negra. El agente especial que estaba a cargo, Avelino Valdez, fue remitido también a Asunción junto a sus cinco subalternos.
Los antidrogas supuestamente recibían 2.500 dólares fijos por mes, más 300 dólares para los lancheros que hacían cruzar la droga a través de los ríos de la región, así como otros G. 5 millones por cada carga que llegaba a Salto del Guairá, siempre según las anotaciones de los traficantes.
El comandante del destacamento militar de frontera, dependiente de la Caballería, también fue echado ayer y sumariado, ya que presuntamente cobraba 2.000 dólares por mes.
Los jefes de Aduana y de Detave de Salto del Guairá van a ser investigados por la unidad de Asuntos Internos y recién después se decidirá si son cambiados, dijo ayer el director nacional de Aduanas, Luis Morales.