Esta situación debería ser revertida, porque contribuye a desacreditar la imagen del Ministerio Público, que tiene la importante función constitucional de defender los intereses de la sociedad.

En los casos en los que no hay denunciantes, y que afectan al Estado, la desestimación se pide con mayor celeridad.

En el tráfico de armas, pese a los fuertes indicios de hechos punibles, los fiscales no imputaron a nadie y blanquearon la causa.