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El vehículo del ministro Ramírez Candia definitivamente hace contraste con las suntuosas camionetas 4 x 4 asignadas a los miembros de la cúpula judicial del país, en el subsuelo dos del Palacio de Justicia.
Fuentes judiciales indicaron que a Ramírez Candia le asignaron dos camionetas (Nissan Patrol y Hyundai) como a todos los demás altos magistrados, pero el ministro de la Sala Penal ya comunicó que eventualmente podrá utilizarlos en actividades oficiales, pero en el día a día seguirá utilizando su automóvil como siempre. En consecuencia, los vehículos del Poder Judicial permanecerán gran parte del tiempo en el estacionamiento.
La austeridad es una característica conocida del flamante ministro, que durante los años en que estuvo como presidente de la circunscripción de Caaguazú, nunca utilizó la camioneta asignada a dicha circunscripción como es costumbre.
En la declaración jurada que presentó en la semana pasada –cuya copia el propio Ramírez Candia facilitó a nuestro diario– el ministro declaró un patrimonio neto de G. 2.950.969.120. Con la decisión de hacer pública dicha declaración, también marca postura respecto a la transparencia que tanto se espera de las autoridades.
En el documento, además del automóvil Kia Rio que usa a diario, adquirido en el año 2012, figuran una camioneta de la misma marca, tipo Sorento, año 2006, adquirida en el 2013 (la que utiliza su esposa, la jueza Yolanda Morel, con quien no tiene separación de bienes), una camioneta Mitsubishi tipo Pajero, año 1994, adquirida en el año 2000. En total, el valor de sus vehículos es de G. 169 millones.
Ramírez Candia declaró poseer cinco inmuebles, valuados en un total de G. 1.220.000.000. Se trata de una vivienda ubicada en San Lorenzo, otra en Coronel Oviedo y una más en Fernando de la Mora, además de otros dos inmuebles en Coronel Oviedo y Altos.
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Actualmente se encuentra en estudio en la Sala Constitucional de la Corte Suprema una acción de inconstitucionalidad planteada por el contralor general de la República, José Enrique García, con el fin de dejar sin efectos sendos fallos dictados en el marco de un amparo promovido por el periodista Juan Carlos Lezcano, que obligan al ente contralor a proveer copias de las declaraciones juradas de autoridades nacionales desde 1998 hasta 2017 (19 años).
El histórico fallo fue dictado en mayo pasado por juez penal de garantías Rubén Darío Riquelme, en cumplimiento de la legislación vigente. Este fallo fue ratificado por el Tribunal de Apelación, Segunda Sala, en mayoría y posteriormente recurrido por García.