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A riesgos de quedarnos cortos, recordamos los casos más sonados a partir del 2007, que sumado al del año 2006 totalizan 18 casos.
En el año 2007, el fiscal Juan Claudio Gaona fue detenido por pedido de coima denunciado por el ciudadano francés Frederic Houdard, para desestimar una denuncia por estafa con becas para estudios de inglés. Gaona fue sorprendido en el estudio jurídico del excanciller Rubén Melgarejo, hasta donde Houdard se trasladó para entregar parte de los 50.000 dólares exigidos, específicamente G. 90 millones.
En el 2008, el fiscal de Lambaré Ismael Brítez fue detenido tras cobrar G. 10 millones para pedir medida sustitutiva de prisión para un procesado por robo.
En el 2009 “cayeron” los fiscales Fanny Paola Villalba Solaeche (Coronel Oviedo), Liz Pérez, Gustavo Gamba, Pablo Duarte (Capiibary) y Mirtha Ortiz.
Villalba fue procesada por extorsión, cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias, tras ser filmada amenazando con imputar a un empresario si no le daba G. 10 millones.
Gamba fue imputado luego de que su supuesto enviado, el abogado Enmnauel Portillo, fuera detenido tras recibir US$ 90.000 del exdirector de Itaipú Víctor Bernal, para desvincularlo de una causa por desvío.
Pérez y Ortiz fueron imputadas por extorsión; la primera por cobrar salarios de funcionarios de Justicia Electoral; y la segunda, por la desaparición de dinero y joyas de sus causas.
Duarte fue detenido tras cobrar G. 5 millones para liberar un vehículo retenido.
En el 2010, la asistente fiscal de Quiindy Laura Mabel Duarte Mosqueira fue detenida tras cobrar G. 1 millón para liberar un vehículo.
En el 2011, el fiscal Miguel Ángel Kunzle (Ciudad del Este) fue detenido tras cobrar US$ 5.000 para presentar una imputación. En el mismo año, en Villarrica, el asistente fiscal Antonio González Soto “cae” tras cobrar G. 1 millón para liberar un automóvil.
En el 2012, el fiscal José Luis Brusquetti (Villa Hayes) fue detenido tras una entrega vigilada de G. 17 millones, para levantar una orden de detención. G. 6 millones fueron hallados en el despacho del fiscal; y la suma restante, en poder del abogado José Emilio Vega.
La asesora jurídica Margarita Colmán fue procesada por pedir US$ 5.000 a un reo para modificar la calificación de su delito. En el mismo año, los asistentes fiscales Karen Riveros Florentín (Ciudad del Este), Liza González Fariña (Pdte. Franco), Roel Valdez Ramírez (Yhú) y Carlos Aguilar (Coronel Oviedo) fueron detenidos tras cobrar montos que varían de G. 1.500.000 a G. 20 millones para finiquitar casos y liberar vehículos.
De G. 1 millón a US$ 150.000
De acuerdo con los datos de las distintas causas abiertas a funcionarios de la fiscalía por hechos de corrupción, los “golpes” van desde sumas modestas como G. 1 millón hasta fuertes sumas en dólares, la más elevada es la de US$ 150.000, supuestamente exigidas al exdirector de Itaipú Víctor Bernal.
En un recuento de los casos publicados, resulta llamativo observar que no siempre se trata de dinero ofrecido “por debajo de la mesa” para liberar algún vehículo retenido por alguna infracción. En algunos casos son los propios funcionarios del Ministerio Público los que exigen dinero y hasta hay casos en que “amenazan” con procesar a ciudadanos si estos se resisten a poner millonarias sumas.