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La denuncia de estafa, lesión de confianza y apropiación del desvío de fondos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CVBP) fue realizada por el excomandante Emigdio Benítez, contra Rafael de la Cruz Valdez, presidente, y Mario Luis Gini Cattebeke, tesorero nacional.
Según la denuncia presentada ante la unidad de la fiscala Raquel Fernández, entre los periodos 2015 y 2016, el CBVP recibió del Ministerio de Hacienda un total de G. 8.778.264.686 para gastos misionales u operativos de diversas compañías. Sin embargo, solo se destinaron G. 498.320.000 a 29 compañías y destacamentos de bomberos de todo el país. Las demás unidades no recibieron el dinero previsto por el Ministerio de Hacienda y que debió ser distribuido por el directorio del CVBP.
El denunciante refiere que “los señores Rafael de la Cruz Valdez Peralta y Mario Luis Gini Cattebeke se habrían valido de las facturas de gastos realizados por las 75 Compañías y Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay a los efectos de utilizar los montos gastados para su posterior rendición en carácter de declaración jurada, para rendir de esta manera dichos gastos con el objeto de simular aparentemente la utilización completa de las transferencias y dar la apariencia de legalidad de los trámites administrativos llevados a cabo”.
Benítez aclara el CVBP utilizó para justificarla distribución del dinero del presupuesto, las facturas y recibos de dinero que obtenían las Compañías y Unidades de Bomberos, de los aportes que recibían de la ciudadanía, municipalidades, gobernaciones y de otras donaciones.
Otro proceso por corrupción
- En otro proceso penal, el fiscal Ángel Ramírez acusó por estafa y producción de documentos no auténticos a Valdez y a Gini. Es por haber simulado la compra de una camioneta por G. 91.400.000 que fue donada por la empresa Aleaciones Yguazú.
-La producción de documentos no auténticos es por haber utilizado notas de presupuesto de las empresas Indalco SRL y Regimiento 8 SA, como comparativos de precios, los cuales resultaron inauténticos a efectos de justificar las supuestas compras a otra empresa por G. 967.480.000, en el 2015.
- Este proceso penal está a cargo del juez penal de garantías Humberto René Otazú, pero cajoneado en la Cámara de Apelaciones.