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Las áreas que habrían sido afectadas ilegalmente forman parte de reserva legal de bosques, lo que es lamentable indicó el abogado Ezequiel Santagada, director ejecutivo de IDEA.
La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y el fiscal adjunto del Ambiente, Augusto Salas, recibieron a la comitiva que detalló la utilización de información pública para ubicar lo que serían las zonas depredadas.
En ese sentido, Santagada explicó que la denuncia se basa en información pública, debido a que se utilizó el reporte de Catastro del año pasado, además de datos de la Secretaría del Ambiente e imágenes satelitales de libre disponibilidad.
La información se buscó con la finalidad de relacionar los potenciales cambios de uso de suelo en las regiones Oriental y Occidental del territorio nacional, en presunto detrimento de la obligación de mantener las reservas de bosques naturales prevista en la Ley N° 422/73 “Forestal”.
“Creemos que esta es la forma de hacer investigación de crímenes ambientales en el Siglo 21, lo que baja significativamente los costos”, dijo Santagada.
El caso será investigado por el fiscal Andrés Arriola, de Mariscal Estigarribia.