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En escritos separados dirigidos al titular del Ministerio Público, Javier Díaz Verón, las denuncias fueron presentadas por representantes del Colegio de Abogados del Alto Paraná, de la Presidencia de la Junta Municipal de Ciudad del Este y de la presidencia del autodenominado Frente Ciudadano.
Según una de las notas, los agentes fiscales Marcelo Saldívar, Cinthia Leiva y Arminda Rivas de Monges no cumplieron con sus deberes de representantes del Ministerio Público porque nada hicieron para investigar las causas del accidente y posterior fallecimiento de la menor Sara Amapola.
También solicitaron la designación de un fiscal de Asunción para llevar adelante las investigaciones de la muerte de la niña. Dicen que los agentes Saldívar, Leiva y Rivas de Monges violaron las normas legales que les obligan a efectuar pesquisas sobre hechos punibles o delictuales.
Sobre la intendenta McLeod de Zacarías, los recurrentes afirman que la misma es responsable indirecta de varios hechos revelados a partir de la muerte de la mencionada menor.
“Luego del fallecimiento de la niña Sarita, funcionarios de la ANDE llegaron a corroborar que la plaza Agustín Van Aaken se encontraba con una conexión clandestina desde hace aproximadamente 15 años”, expresa la acusación.
Señala que desde el año 1991, el citado espacio público está a nombre de la Municipalidad de Ciudad del Este, por lo cual los recurrentes afirman que la intendenta McLeod de Zacarías es responsable de numerosas irregularidades que hicieron posible la permanencia de la conexión eléctrica clandestina que causó el fallecimiento de Sarita.
Sostienen los denunciantes que la intendenta de Ciudad del Este debe ser procesada e investigada por varios hechos punibles.