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La fiscala Lisa Martínez había solicitado sospechosamente la suspensión condicional del procedimiento para Marcelo Ramón Gómez Mallorquín y Alcides Ramón Argüello Villalba. El primero es auxiliar contable y el segundo técnico de seguridad industrial de la firma Copetrol. Ambos aparecen como responsables del derrame de combustible en la planta industrial de la referida empresa, ubicada en barrio Achucarro de la ciudad de San Antonio, ocurrido el 26 de agosto de 2016 y que produjo la contaminación del río.
La gravedad del hecho en su momento incluso obligó a la Secretaría del Ambiente (Seam) a clausurar la planta industrial y posteriormente aplicar una multa de G. 1.052 millones a Copetrol.
Sin embargo, la fiscala Martínez solicitó a la jueza Bracho que los investigados (a quienes ni siquiera imputó) realicen una donación de G. 5 millones y G. 10 millones.
Auditoría
Ante las publicaciones, el fiscal general Javier Díaz Verón había ordenado una auditoría de la gestión de Martínez. Empero, hasta ahora no se dio a conocer el resultado y habría una maniobra para allanar el camino, a fin de blanquear la contaminación del río.
La fiscala Martínez al solicitar una pena tan exigua se burla de la ciudadanía a la que representa. Es una vergüenza la actuación no solo de la agente sino de todo el Ministerio Público en cuestiones ambientales.