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“El fallo ha sido duramente criticado en la sección judicial y en el Semanario Judicial sin el menor análisis, del motivo ni de la situación procesal de la imputada y menos de las disposiciones legales aplicadas al caso. En todas las publicaciones en ningún momento se ha dicho ni se tuvo en cuenta que los cuatro delitos imputados son lavado de dinero, asociación criminal, producción de documento no auténtico y declaración falsa, que tienen previstos una pena mínima de seis meses. El artículo 19 de la Constitución Nacional, en concordancia con el art. 236 del Código Procesal Penal, establece claramente que la prisión preventiva en ningún caso podrá sobrepasar el tiempo de la pena mínima prevista para el delito de que se trate. Es decir, en ningún momento se ha dicho ni se tuvo en cuenta que la prisión preventiva en cuestión ha sobrepasado el límite temporal establecido por la Constitución y el Código Procesal Penal, y que por tanto irremediablemente debía ser revocado”, manifestó la profesional.
Los camaristas Isidro González, Miryam Meza y Miguel López Cabral ordenaron el arresto domiciliario de la imputada Sady Caríssimo.
El juez Nelio Prieto estableció una fianza personal de G. 100 millones a cada uno de los defensores.
El magistrado estableció una exigua caución, atendiendo que la imputación habla de un lavado de 370 millones de dólares a través de los bancos Sudameris, Regional, Continental y BBVA.
Tanto la Corte como el Jurado solicitaron los antecedentes de la resolución judicial, tanto de la cámara como la del juez Prieto.
Los antecedentes revelan que afecta a empresas ficticias de Ciudad del Este, supuestamente creadas por el imputado y prófugo Felipe Ramón Duarte.
La fiscalía imputó en total a diez personas, de las cuales ocho siguen prófugas.
La otra detenida es Nilsa Romero, según los datos suministrados.