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La inconstitucionalidad va dirigida contra los artículos 103 y 104 del Anexo “A” del Decreto 10480/2013 que reglamenta los artículos 53 y 55 de la Ley 4848/2013 “Que aprueba el Presupuesto General de Gastos de la Nación para el periodo 2013”.
La defensora general explicó que el Ministerio de Hacienda interpretó erróneamente el decreto reglamentario que en su artículo 104 menciona que los cargos nuevos serán incorporados gradualmente en planilla a partir del mes de marzo para el ejercicio fiscal 2013.
Yore Ismael refiere que los 245 funcionarios administrativos del Ministerio de la Defensa Pública que se ven afectados por esta disposición no podrán cobrar sus salarios sino recién a partir de marzo. Sin embargo, la defensora general aclara que los 245 funcionarios que accedieron a la Defensoría Pública no asumieron para ocupar cargos nuevos, ya que los mismos fueron creados el año pasado, con presupuesto aprobado por el Parlamento, indicó.
“Los artículos cuestionados establecen restricciones que impiden un normal desenvolvimiento a la gestión administrativa del Ministerio de la Defensa Pública, vulnerando abiertamente los principios y normas constitucionales y legales que establecen la independencia del Ministerio Público...”, refiere la inconstitucionalidad presentada ayer.
En promedio, los 245 funcionarios perciben unos G. 10 millones cada uno.
Como medida de urgencia se solicita a la Corte Suprema que ordene dejar sin efecto los artículos cuestionados.
Autonomía y autarquía
- Por Ley Nº 4423/11, el Ministerio de la Defensa Pública, que integra el Poder Judicial, goza de autonomía normativa y funcional, así como de autarquía financiera en la administración de sus recursos.
- Actualmente tiene más de 1.500 funcionarios, sin contar con los 245 funcionarios administrativos ya mencionados.
- El presupuesto actual del Ministerio de la Defensa Pública es de unos G. 240.000 millones, para pago de salarios, compra de bienes, construcciones, etc.