Cuestionan a un juez por favorecer a acusados en caso de violación de niña

Familiares de una menor de 11 años, quien de acuerdo con denuncias, bajo el consentimiento de su madre Patricia Lezcano (38) era entregaba a hombres mayores de edad por la suma de G. 100.000, piden justicia y que los involucrados en el hecho vayan a prisión.

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CARAPEGUÁ (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional).Los familiares de la víctima reprochan que el juez de Garantía Víctor Vega haya beneficiado con libertad ambulatoria a uno de los imputados por “abuso de menor”, Francisco Barrios, y a la mamá de la niña y acusada de ser la cómplice con solo prisión domiciliaria.

El hecho de abuso de la niña L.M.V.L. venía ocurriendo desde el mes de diciembre del 2014, refiere el expediente.

La menor callaba el sometimiento que soportaba porque era amenazada de muerte por su madre si es que decidía contarle el hecho a su papá M.A.V. o a algún otro familiar, relató el abogado Emanuel Morán.

El pasado 9 de febrero, la menor tomó coraje y comentó a su papá que, cuando él salía de su casa a trabajar, su mamá le llevaba y “vendía” a hombres adultos y que cuando no quería ir le sometía a golpizas.

El padre de la menor manifestó que los vecinos le contaban que su esposa, con quien tiene tres hijos, tenía mala fama y que aguantó por sus hijos, pero que jamás esperó que haya llegado al extremo de consentir que violen a su propia descendiente indefensa.

“Juez inhumano”

El padre, entre zollozos manifestó que su hija está con trauma por la situación que pasó y calificó de “inhumana” la decisión del juez que dispuso la libertad ambulatoria de Barrios, principal sospechoso del abuso de la menor.

Ahora el imputado ni siquiera está con prisión domiciliaria porque se “compadecen” de él por tener 69 años y de padecer de varias enfermedades, pero a la hora de ser un depravado con la niña no padecía ninguna dificultad física, comentó el progenitor.

El juez Vega explicó que a pedido del fiscal Rafael Ojeda se dictó arresto domiciliario para la madre de la menor porque está embarazada y contra Juan Simón Aquino por instigar el hecho. Ambos residen en la compañía Potrero.

Mientras que para el señalado sexagenario, el magistrado decidió darle libertad ambulatoria.

Esto, atendiendo a que el acusado fue inspeccionado y en el diagnóstico se describe que padece de diabetes de tipo II, hipertensión arterial, hipertrofia prostática y cardiopatía isquémica.

Asimismo, existe orden de captura contra Venicio Álvarez, agricultor, y Robert Villasanti, herrero residente en ramal Carapeguá-Nueva Italia, barrio Virgen de Fátima, todos mayores de edad. El abogado de la familia de la menor presentó querella adhesiva contra Barrios y no descarta la posibilidad de que presente igual pedido contra los demás procesados por el acto criminal.

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