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Los profesionales mencionan en su escrito que la Senabico, sin autorización judicial y bajo la mirada cómplice del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías, ha procedido a distribuir los bienes muebles e inmuebles incautados durante el procedimiento realizado el 7 de setiembre del 2018 en el domicilio de sus clientes, situado en Aca Karanda del Área I de Ciudad del Este.
Señalan que Senabico ha designado a terceras personas a través de contratos a los que nunca accedieron ni constan en el expediente ni carpeta fiscal, con los que dan posesión efectiva a terceros para lucrar y utilizar y abusar de los bienes que fueron incautados.
Mencionan que con lo que realiza dicha institución, se transgrede el artículo 137, que habla de la prelación de las leyes; el número 20, que prohíbe la confiscación de bienes, y el 109, que protege la propiedad privada. Además, se viola la presunción de inocencia de su cliente.